Por Arq. Nery González
En octubre de 1904 se colocó la piedra fundamental del complejo edilicio que habría de albergar la Facultad de Medicina y los Institutos de Higiene y Química, a uno y otro lado de la Gran Avenida Goes (hoy Gral. Flores) según proyecto del arquitecto Jacobo Vásquez Varela, ganador del concurso internacional convocado un año antes.
Aunque decisiones adoptadas con el paso del tiempo han comprometido los valores del conjunto -perfectamente alineados con los criterios compositivos y simbólicos dominantes de las arquitecturas del 900- sigue siendo un referente icónico de la ciudad y un patrimonio formalmente reconocido desde 1975, mereciendo un particular destaque la resolución del eje de acceso al bloque principal.
Ahora bien, acceder al portal monumental custodiado por dos efigies alegóricas, bronces llegados desde la famosa Fondería Artística de Pietro Lippi en Pistoia, supone ascender por una hermosa escalera de granito -de trece escalones- y al llegar al hall central … seguirán otras hermosas escaleras, en una secuencia justamente valorada por su calidad arquitectónica, limitante a su vez del acceso a toda persona con algún tipo de discapacidad motriz. Aunque la afectación selectiva era notoria, debió pasar más de medio siglo para que esa discriminación silenciosa, asumida sin crítica y extendida a muchos otros edificios y espacios de la ciudad, generara alarma y pusiera en la agenda de todos -aquí y en el mundo- la obligación de asegurar derechos hasta entonces marginados.
Todavía en 1970, cuando la reunión de UNESCO en Nairobi recomienda garantizar, en tanto derechos humanos, un amplio “acceso a la vida cultural y a la participación en ella”, esa intención inclusiva no perdería su sesgo discriminatorio en tanto se acuerda “garantizar la integración de los deficientes físicos o mentales” abriendo el camino a una visión médico-asistencialista que recién avanzados los años 80 empezará a revertirse, en camino a la concreción de un paradigma universalista e integrador.
LOS PRIMEROS PASOS
A escala de nuestro país, el trabajo de múltiples actores estuvo siempre en sintonía con los avances que se iban procesando en el ámbito internacional, atentos a propuestas que se elaboraban en el ámbito de UNESCO e instituciones afines, u organismos estatales con investigaciones avanzadas sobre el deseado hermanamiento entre Patrimonio y Accesibilidad (caso del Ministerio de Educación y Ciencia de España) Con referencia a nuestras circunstancias, merecen mención algunos mojones que potenciaron un avance efectivo en términos conceptuales y de gestión. Entre otros, cabe citar:
- 1983 Comienza a elaborarse el Proyecto de una ley nacional, a iniciativa de PLENADI (Plenario Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad)
- 1985 Resolución Municipal 354/85: la Intendencia Municipal de Montevideo crea una Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional, para generar propuestas y medidas tendientes a evitar y/o eliminar las Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte. Decreto N° 22.463/85
- 1989 Ley Nº 16.095 de equiparación de oportunidades para las “personas discapacitadas” (un primer reconocimiento legal, aun con una perspectiva dominantemente asistencialista)
- Resolución Municipal 152/89: “De las disposiciones especiales para proyecto y acondicionamiento urbano para personas con discapacidad”– Reglamentación del Decreto 22.463/86
- 1990 Montevideo / 2° Seminario Iberoamericano de Accesibilidad al Medio Físico promovido por el Real Patronato sobre Discapacidad de España: Decálogo heterodoxo: intervención del Prof. Arq. Antonio Cravotto en representación de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, con una visión centrada en la Accesibilidad como derecho humano y en la necesidad su concreción partiendo del reconocimiento y la valoración del bien patrimonial protegido
- 1991 El 14 de agosto, en UNIT comienza a sesionar el COMITÉ ESPECIALIZADO de ACCESIBILIDAD al MEDIO FÍSICO, que desde entonces viene generando sus aportes de forma ininterrumpida.
- 2002 El 8 de noviembre de 2002 se firma el convenio entre la IM, SAU y UNIT, dando inicio a una muy rica experiencia de coordinación institucional, la Resolución IM 898 vigente desde 2014 es fruto de esa instancia trascendental. A modo de resumen a medio camino de esas experiencias, vale citar el documento elaborado por la Comisión de Accesibilidad de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay en junio de 2014: “Accesibilidad, de la teoría a la práctica” Ver en https://www.sau.org.uy/content/ACCESIBILIDAD-charla-SAU-jun-2014.pdf PROCESOS CONVERGENTESEn 1972, la Convención de UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, sentó las bases de una concepción teórica y un modelo de gestión, qué decantando experiencias y debates desarrollados durante décadas en Italia, Francia y el Reino Unido, fue extendiendo su influencia, primero a un grupo pequeño de países y luego al mundo entero. Hacia fines de siglo, ese paradigma exitoso empezó a debilitarse al tiempo que el concepto de patrimonio iba variando en extensión y contenido, casi al borde de una “mutación”. Los desafíos se hicieron notorios desde el Encuentro de Nara (Japón-1994) pero la respuesta no tardó en llegar y los nuevos referentes quedaron consagrados en Cartas, Declaraciones, Recomendaciones y Convenciones de UNESCO que se sucedieron en los primeros años de este siglo, siendo ejemplos significativos de ese aggiornamento la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005)En este último documento se pone en valor el involucramiento y protagonismo de la sociedad civil, haciendo constar la necesidad y conveniencia de “favorecer el acceso y la participación de todos, en particular los grupos desfavorecidos, en la creación y la producción de expresiones culturales, y disfrutar de ellas” y de “facilitar un acceso sostenido, equitativo y universal a la creación y a la producción de bienes, actividades y servicios culturales, particularmente a las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables” Estas propuestas ocupan un lugar marginal en el texto global, pero apuntan a un paradigma que habría de adquirir un neto protagonismo cuando apenas un año más tarde, en diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un texto legal de significación histórica que, en su preámbulo y los siguientes 50 capítulos, afirma “el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.La Convención entró en vigencia el 3 de mayo de 2008 y fue aprobada por el Parlamento Nacional por Ley Nº 18.418 del 4 de diciembre de ese mismo año. En agosto de 2011, por Ley Nº 18.776 se aprobó la adhesión al Protocolo Facultativo de esta Convención y el 19 de febrero de 2010, con la aprobación de la Ley N° 18.651 se dio un paso importante en cuanto hace a la formulación del marco de referencia conceptual y operativo de la normativa aplicable a una realidad donde se abre camino un nuevo paradigma de convivencia ciudadana.
Desde entonces y hasta nuestros días, el trabajo coordinado de varias instituciones comprometidas con los criterios antes enunciados ha dado buenos frutos y nuestras ciudades empiezan a dar ejemplos de un avance hacia espacios mejor calificados, haciendo posible un usufructo no discriminado, solidario y amigable para todas las personas… incluyendo aquellas que en forma circunstancial o permanente, presenten algún tipo de discapacidad, sea física, motriz, sensorial o cognitiva.
Pero leyes y protocolos con intenciones inclusivas no siempre resultan fáciles de aplicar en el amplio y complejo terreno del patrimonio construido. Ensamblar Patrimonio y Accesibilidad sigue siendo un tema espinoso. Ya Antonio Cravotto, adelantándose a su tiempo, había señalado la necesidad de saltar esa barrera, y en línea con ese pensamiento UNIT ha puesto en su agenda un programa orientado a dar cuenta de esa problemática y a alentar un camino de progresiva interacción de uno y otro sistema de protección. El resultado hoy apreciable es la Norma UNIT 1300:2020, recientemente aprobada, sobre ACCESIBILIDAD A ÁREAS Y EDIFICACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL.
PATRIMONIO Y ACCESIBILIDAD VAN DE LA MANO
Embarcados en la elaboración de la Norma, los miembros del COMITÉ ESPECIALIZADO de ACCESIBILIDAD al MEDIO FÍSICO de UNIT dieron inicio a su tarea con un cuidadoso reconocimiento del terreno a explorar, poniendo especial atención en la documentación generada sobre el tema a escala nacional e internacional, alentando una reflexión sobre realidades y experiencias de nuestro entorno y poniendo especial énfasis en asegurar que se integraran al proceso voces y opiniones de todos los involucrados en la problemática a consideración, fueran personas físicas o jurídicas, con experticia profesional o acercamiento motivacional. El camino que se fue trazando no fue lineal, pero el documento final expresa un avanzado nivel de consenso, con un razonable nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos. Un avance que damos por bueno, pero que sabemos provisorio.
La Norma UNIT 1300:2020 ya es un documento público que espera ahora su inserción en una práctica concreta, y con ello la posibilidad de confirmar la viabilidad de su análisis y sus propuestas, o de generar una lectura crítica que abra el camino a variantes, correcciones o visiones alternativas. Es este un procedimiento que UNIT siempre ha alentado, por lo que será de vital importancia el activo involucramiento de todos los actores inicialmente convocados, para mejorar lo mejorable y poder disponer de una herramienta adecuada para acercarnos como sociedad a un logro particularmente significativo: hacer que la Accesibilidad Universal y los bienes del Patrimonio Cultural se enriquezcan mutuamente, afirmando un paradigma inclusivo que hará del mundo un mejor lugar de convivencia.
Volviendo al principio, el tiempo de procesamiento de la Norma coincidió con la gestión que llevaron adelante autoridades, docentes, estudiantes y personal de la Facultad de Medicina para que el acceso al edificio sede no siguiera siendo un ejemplo discriminatorio. Un largo y fructífero proceso coordinado y orientado por el Departamento Técnico de la Comisión de Patrimonio, incluyendo la activa participación de la Dirección General de Arquitectura de la Universidad de la República, responsable de las instancias proyectuales y en particular, del proyecto ejecutivo y la dirección de obra de la solución finalmente aprobada, se ha concretado en un acceso bien resuelto en lo constructivo y lo formal, dando ejemplo de cómo el respeto a lo patrimonial y la satisfacción de demandas y derechos largamente marginados, pueden ir de la mano. Vásquez Varela se hubiera alegrado…