Por Salvador Schelotto
¿Cómo aportamos los arquitectos a la reactivación económica, al bienestar y al clima social?
La actual crisis sanitaria y pandemia global ha aparejado efectos devastadores en la economía y la vida social; la crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica y social, con efectos humanos importantes que apenas empezamos a avizorar. Una vez que la emergencia sanitaria sea superada, nos enfrentaremos con los efectos significativos y golpes en la actividad económica, que ya se han traducido en un aumento de precios y una merma en el nivel de ingresos, la ocupación, el empleo, el consumo y la inversión.
Los efectos económicos de la pandemia son globales, afectan a la región y al mundo; y con consecuencias específicas para el país, porque existen situaciones particulares que son de manejo local.
Los manidos “motores de la economía” son varios; el sector primario, entre ellos, pero no únicamente, el sector privado, sin dudas, pero también el Estado. Entre los sectores impactados por esa fuerte afectación interesa la marcha de la industria de la construcción, por las implicaciones para nuestra profesión, pero sobre todo para el bienestar de la población en general, por su incidencia en la calidad de vida, el empleo y la ocupación. En un contexto de enlentecimiento económico, recesión o crisis, se puede adoptar más de un camino. Por ejemplo tomar decisiones “pro cíclicas” que induzcan una reducción de la inversión y del consumo a la espera de que la economía se dinamice, o bien adoptar decisiones “contra cíclicas” que inyecten recursos a la economía para dinamizarla. En el actual contexto arriesgo una postura personal: sería absolutamente contraproducente reducir la inversión pública en vivienda e infraestructura social. Tendría efectos devastadores en la industria de la construcción y en todo el ecosistema de empresas y trabajadores que la conforman.
El Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, dictó el 11 de marzo de este año el Decreto Nº 13 al que me referiré más adelante. Estimo que la polémica que se dio simultáneamente sobre el ajuste de las tarifas públicas opacó las implicaciones de este Decreto. Asimismo, no se dio trascendencia a los anuncios del director de OPP en cuanto a la reducción de las partidas a transferir a las intendencias departamentales en el próximo presupuesto quinquenal.
El Decreto establece que todas las unidades ejecutoras del Poder Ejecutivo deberán abatir en un 15% para 2020 los rubros de inversión y de funcionamiento; recomienda lo mismo para la administración descentralizada. La reducción del 15% es prácticamente toda en inversión en construcciones, mientras que la reducción en los gastos de funcionamiento afecta convenios como los que tienen SAU, la Universidad de la República, ONGs y otras instituciones con entes estatales.
Pero el impacto es más significativo en relación a la prestación de servicios profesionales, dado que se abate el 40% de los rubros destinados a sostener arrendamientos de servicios en las diferentes unidades ejecutoras, financiados con cualquier fuente (recursos del presupuesto nacional o créditos externos). En este caso, afecta a un número a determinar de contratos de arrendamiento de servicios que deberían renovarse en el correr del año, muchos de ellos de profesionales de diferentes disciplinas, entre los cuales se cuentan decenas de arquitectas y arquitectos que prestan servicios en instituciones públicas y paraestatales, algunos de ellos desde hace muchos años, y que ingresaron a través de llamados públicos y abiertos. Además del problema de dejar gente en la calle de un día para otro, sin contar con los beneficios de la seguridad social (por lo general estos contratos son anuales, con renovaciones, y se facturan mensualmente honorarios profesionales), estas no renovaciones tendrán efectos importantes en la ejecución de los programas a los que están afectados. Dicho de otra manera, al reducirse la cantidad de técnicos y profesionales de un equipo su capacidad de producción disminuye prácticamente en la misma proporción.
Una de las características de la industria de la construcción es su inercia. Cuando una obra está en proceso es muy complejo interrumpirla o detenerla (y oneroso), y una vez que se interrumpe o se detiene, es muy difícil (y oneroso) retomarla.
No solamente la inercia de la propia industria y su entramado empresarial reclama proteger los niveles de inversión, sino también la conformación misma de los equipos técnicos que planifican y desarrollan la preinversión en términos de perfiles de proyecto, anteproyectos y proyectos, que insumen abundante tiempo y numeroso trabajo calificado, y cuya reactivación desde cero es aún más costosa que sostener su actividad. Por eso es importante conservar los equipos técnicos, protegerlos. Es una manera de sostener la continuidad de los programas de obras con financiamiento público o privado.
El argumento principal, sin embargo, es el impacto directo e indirecto de la construcción en la actividad económica y en el bienestar. Las inversiones públicas y privadas en vivienda e infraestructura urbana y social movilizan la economía en general e inyectan recursos en el mercado interno (si se encuentran en el interior son significativos para las economías y el comercio local), por lo que sostienen el tejido de pequeñas y medianas empresas que venden bienes y servicios directos e indirectos y también al comercio de abastecimiento cotidiano.
Algunos de los programas de obra pública están relativamente blindados de contingencias, por lo menos de los problemas coyunturales de las arcas estatales: los proyectos de Participación Público Privada son uno de ellos, dado que poseen un financiamiento sólido y que debería ser protegido. Así también algunos grandes proyectos de inversión y sus proyectos asociados (la segunda planta de UPM por ejemplo).
Específicamente, en términos de inversión pública importan las políticas, programas y proyectos que son financiados con recursos del presupuesto nacional (sí, esos afectados por el abatimiento genérico del gasto del 15%) y con financiamiento externo.
Ejemplo de ello son dos programas con financiamiento externo que conozco bien, como lo son el PDGS II (Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional, radicado en OPP) y el PMB (Programa de Mejoramiento de Barrios del MVOTMA). Ambos manejan importantes rubros de inversión y ocupan –directa e indirectamente- un número alto de profesionales y técnicos, en la propia unidad del programa, como consultores, proyectistas, asesores, directores de obras… y también el conocido “derrame” territorial en la escala local de la industria de la construcción, alimentando proveedores, venta de servicios, compras en el pequeño comercio, etc. Muchas de las obras a que me refiero están localizadas en el interior del país y no solamente en las capitales departamentales.
Ejemplos similares son los programas de infraestructura educativa como PAEMFE y PAEPU, que además de apuntar a resolver importantes demandas y necesidades sociales, ocupan también a un elevado número de técnicos y profesionales, algunos de los cuales perderían sus puestos. En estos y otros casos podría darse la paradoja de contar con la disponibilidad de los recursos para dar continuidad a los programas (vía préstamos ya contraídos y disponibles) pero no contar con la autorización para gastar en virtud del objetivo de sostener una meta de reducción del gasto público.
Lo mismo podría decirse de la inversión en infraestructura para la salud, tan bien desarrollada en la última década y media y aún mejor valorada en este contexto de emergencia sanitaria.
Considero que es importante que nuestro gremio reflexione y analice colectivamente estos temas y sus consecuencias. Hay dilemas muy importantes que se definirán en los próximos meses, cuando se discuta y apruebe el presupuesto nacional y que podrán condicionar la perspectiva de los próximos años, e incluso de las próximas décadas.
Esta problemática afecta no solamente el trabajo y los ingresos de los profesionales arquitectos y otros trabajadores y técnicos, sino también -y esto es mucho más importante- impacta directamente en el bienestar colectivo y en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades.