Arq. Julio Villar Marcos
Desde la creación de la primera Comisión Especial Permanente (CEP) para la Ciudad Vieja y, luego, de otras comisiones especiales -como dijo un inversor en la Junta Departamental: «después del monstruo aparecieron otros monstruitos…»-, han transcurrido 30 años de ensayos, aciertos y errores en la gestión municipal de las áreas calificadas y, paralelamente en ese lapso, también se han ido modificando las doctrinas que se aplican en el mundo en este tema. La buena conservación del patrimonio construido requiere fuertes inversiones, políticas urbanas consistentes y bien aplicadas, pero también eficiencia y sentido común en la gestión. El mayor peligro para la conservación de este valioso acervo, fuera del lógico deterioro y la escasez de fondos, es el desarrollo, ya que los intereses que éste incluye pueden arrasar con los mejores esfuerzos de sus defensores. Muchas veces, esos intereses son colectivos, por lo que la preservación del acervo edilicio lleva en ciertos casos a los propios representantes del Estado a situaciones conflictivas.
Las áreas caracterizadas de las ciudades son muchas veces las más expuestas al desarrollo inmobiliario y por eso la gestión de las CEPs es particularmente difícil y provoca conflictos frecuentes entre la preservación y los intereses de los desarrollistas e incluso del propio Estado (por ejemplo el caso del puerto y su relación con la Ciudad Vieja). En los últimos años y sobre todo desde que comenzó la fuerte inversión en Montevideo, los casos de demoliciones, reciclajes y nuevas construcciones vienen generando discusiones internas e incluso públicas por las diferencias tanto de opiniones técnicas como no especializadas. El problema principal es que en los últimos tiempos, en comisiones en que desde su origen se suponía que la materia mayor sería la preservación patrimonial, han surgido temas urbanos y territoriales como el tránsito, el ambiente o los servicios, que antes casi no estaban presentes pero que ahora han tomado una importancia inesperada. El resultado de estos conflictos generalmente ha significado la pérdida, quizás inevitable, de valioso patrimonio tangible e intangible.
La Ciudad Vieja, Pocitos, Carrasco y el Prado ya no son, y serán cada vez menos, lo que hace 30 años se pretendía que fueran; Peñarol seguirá resistiendo en la medida que no aparezca algún inversor que haga una fuerte propuesta desarrollista directamente a las autoridades superiores, saltando por encima de la CEP respectiva. Las recalificaciones de zonas y otras excepciones, no sólo en las áreas protegidas sino en todo el territorio de Montevideo, son prerrogativa de esas autoridades y suceden, como en el caso del estadio de Peñarol o las nuevas torres en el entorno del Montevideo Shopping Center. Las CEPs son simples comisiones asesoras y sus decisiones pueden no ser compartidas por la superioridad, en cuyo caso no serán aplicadas.
La composición de las CEPs tampoco es el ideal. No aparecen muchos interesados en integrarlas y a veces los voluntarios, a pesar de su buena voluntad, no tienen claro el importante rol que juegan en el futuro de la ciudad de Montevideo e incluso no han tenido experiencia en la práctica de la protección del patrimonio y menos de la gestión territorial, que son en realidad las tareas que deberán cumplir. De la teoría a la práctica hay un abismo e incluso muchos reconocidos patrimonialistas tienen dificultades en la práctica de la gestión que deben desempeñar las CEPs, hasta que adquieren la experiencia necesaria. Eso requiere mucho tiempo y voluntad.
Los miembros deben, ante todo, tener profunda vocación de servicio y sentido de responsabilidad ante el gremio, pero igualmente hacia toda la comunidad: deberían tener razonable interés y versación en el manejo de conceptos patrimoniales, urbanos y ambientales, así como disponer de suficiente tiempo para dedicarlo a la función y, desde luego, asistir asiduamente a las reuniones de la CEP que integran.
Varios problemas pueden afectar el proceso de los anteproyectos en las comisiones:
Que sea insuficiente la profundización del estudio por diversas razones: quórum escaso, falta de tiempo en la respectiva(s) sesión(es), dudas o posiciones discrepantes entre los miembros, etc.
Que no se analicen los proyectos desde un punto de vista estrictamente técnico, sin influencia de preferencias personales sobre estilos o visiones proyectuales particulares por parte de los miembros.
Que no se valore adecuadamente la situación profesional de los colegas que presentan las propuestas y la necesidad de informarlos adecuadamente de las observaciones para que puedan concretar soluciones que permitan aprobar sus proyectos. En este sentido, las CEPs, además de proteger con sus dictámenes la preservación de los valores testimoniales de su área, deberían cumplir funciones didácticas y de difusión de los mismos, ya que demasiadas veces los colegas que presentan proyectos demuestran no comprender e incluso no compartir los principios básicos de esa tarea.
Que en los informes dirigidos a los proponentes se incluyan observaciones irrespetuosas que impliquen invadir la libertad del profesional en cuanto a su visión proyectual de la arquitectura. Esa es una delgada línea roja que es muy difícil de distinguir para evitar cruzarla, pero debe existir conciencia en la comisión de que esa libertad debe ser respetada en todo lo que permita la juiciosa preservación de un bien, un tramo o un espacio. Este es un punto muy difícil de superar y es el que generalmente origina los mayores problemas con los colegas, e incluso en la interna de la propia comisión.
Que los miembros de cada CEP no tengan información sobre los criterios que se están aplicando en las demás y los problemas que van surgiendo (juicios, incluso), tal como lamentablemente sucede actualmente. Debería haber mayor preocupación en coordinar las acciones de todas las CEPS. Según la legislación vigente, algunos casos difíciles pasan a la Comisión Asesora Permanente, pero allí los conceptos que se manejan son muy diferentes; incluso en algunos casos las resoluciones contradicen los informes elevados por las comisiones. Para mejorar la gestión sería beneficioso que existieran instrucciones tipo «briefs» que sirvieran de modelo de actuación para todas las comisiones evitando así las asimetrías que causan desconcierto en los colegas que presentan permisos en distintas zonas.
Han transcurrido 30 años desde la creación de la primera comisión y es imprescindible hacer un balance de las experiencias recogidas desde entonces para actualizar los criterios empleados en la protección de las áreas caracterizadas. La redacción y puesta en vigor de los Planes Especiales de esas áreas ha sido un progreso alentador, pero ha coincidido con el importante desarrollo en la construcción que se ha producido en los últimos cinco años y que ha incrementado la presión desarrollista en las áreas de Ciudad Vieja, Pocitos, Carrasco e incluso, aunque más tarde, Prado. Hoy, la cuestión principal radica en el derecho de los colegas a proyectar en clave contemporánea, aplicando materiales y planteos formales de difícil adaptación a los entornos patrimoniales. Como consecuencia, a menos que el proyectista maneje los conceptos de buena inserción en esos contextos y disponga además de razonable competencia en el diseño arquitectónico, surgen discrepancias con la respectiva comisión. En otras ciudades se establecen normas severas para el diseño en áreas preservadas, pero en el Uruguay ese camino no ha sido compartido ni por las autoridades ni por el gremio y la confianza para el manejo de la situación ha sido depositada en las CEPS y su buen entendimiento con los técnicos actuantes.
Hay además dos puntos que afectan gravemente a las áreas protegidas.
El primero es la espacialidad y la volumetría. La edificación original de estas zonas data de mediados del siglo XIX (Ciudad Vieja, Prado) a principios del XX (Carrasco, Pocitos) y en general, salvo en el caso de la Ciudad Vieja, las construcciones eran mayormente de vivienda y de mediana o baja altura, lo cual daba al ámbito una unidad espacial que era un componente mayor del paisaje urbano a proteger. En los casos de Carrasco y Prado los espacios abiertos y la añosa vegetación formaban también una parte fundamental de su paisaje y ese era un valor preferente a preservar. La concesión de mayores alturas ha alterado la volumetría original, en algunos casos en forma violenta, como es el ejemplo en Pocitos e incluso en la Ciudad Vieja. En esta última se está analizando admitir para determinados casos alturas que sobrepasan los 100 metros. En este aspecto es útil comparar lo que son hoy las ciudades de Londres y Paris y analizar las diferencias. En Paris las nuevas edificaciones son cuidadosamente analizadas en el contexto de toda la ciudad, mientras que en Londres existe libertad suficiente para insertar edificios como, por ejemplo, The Shard, cercano al venerable Tower Bridge.
El segundo punto es el parcelario, concebido originalmente con la idea de lotes destinados a viviendas individuales. En la actualidad se fusionan padrones para construir edificios de gran volumen, no solamente en altura sino también en extensión, y eso es natural en una ciudad en desarrollo. Sin embargo, la fusión de padrones altera gravemente la configuración espacial primaria, además de aumentar la densidad con consecuencias de toda índole, mayormente en demandas en tránsito y servicios.
Los temas precedentes deberían ser tenidos en cuenta por todos los que se preocupen por la conservación de los valores que hicieron que ciertos barrios de Montevideo merecieran la custodia por parte de las Comisiones Especiales, porque la situación actual permite presumir que el futuro del patrimonio de esos barrios está lejos de estar asegurado.
Con motivo de la celebración del 30º aniversario de la creación de la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja.
Arq. Julio Villar Marco