DECLARACIÓN
AGRUPACIÓN UNIVERSITARIA DEL URUGUAY (AUDU)
07 de setiembre 2020
AUDU Y LAS ENTIDADES PROFESIONALES FIRMANTES ratifican la posición que se ha venido defendiendo respecto de la importancia estratégica para el país, de contar con un sistema de educación terciario universitario potente, de calidad, incluyente, que potencie la riqueza y respete la vasta diversidad institucional, que cumple con la legislación nacional vigente, como uno de los pilares del desarrollo del país.
Es en este marco que consideramos de fundamental importancia, profundizar la implementación de un sistema educativo terciario de amplia cobertura territorial, lo que entre otras acciones implica contar con sistema nacional de becas, que parta de la realidad actual, del nuevo sistema educativo terciario público -que ha cambiado totalmente desde 1985-, lo mismo que y desde obviamente 1994 fecha de la Ley que crea el Fondo de Solidaridad.
Consideramos imprescindible que esta discusión se desarrolle independientemente de los plazos presupuestales y con toda la masa crítica involucrada, única forma de pensar cambios educativos en Uruguay sustentables.
Consideramos que no podemos abordar la conformación de un sistema nacional de becas de la educación terciaria acotada por los tiempos presupuestales, ni seguir tomando como base la Ley de 1994 que crea el Fondo de Solidaridad, la creación en 2002 del Adicional y todas las0 regulaciones que se han venido superponiendo.
En 1994 cuando se crea el Fondo de Solidaridad la única universidad pública era la UdelaR. Actualmente el país cuenta con una importante oferta pública, que requiere pensarla como «sistema público» y otra oferta «privada». En lo público contamos con 3 entidades de educación terciaria: la UdelaR, la UTEC y el CETP, la que sin duda seguirá creciendo y diversificándose, más aún con la terrible pandemia que sufre el mundo. En la oferta privada tenemos 5 universidades: la UCU, la UM, la ORT, la UDE, el CLAEH y 14 Institutos Universitarios. Éste hecho fundamenta el por qué proponemos que un tema de esta dimensión, no debe darse su tratamiento en medio de la discusión presupuestal.
Los acelerados procesos de cambios tecnológicos disciplinares y los propios cambios educativos nos lleva a sostener que los uruguayos nos merecemos una instancia amplia con una mirada integral, prospectiva, con todos los actores involucrados en uno de los temas centrales del desarrollo con equidad, como lo es un sistema nacional de becas que asegure la igualdad de oportunidades para todos los que han cumplido los requisitos para su ingreso a los estudios terciarios públicos.
Destacamos, respecto de los criterios establecidos de contribución de los profesionales, se realizó, con un sistema tributario totalmente distinto al vigente hoy.
La solidaridad de los profesionales, el trabajo honorario en los organismos de conducción de las instituciones educativas públicas, sigue siendo un aspecto central y diferencial de los profesionales y aspiramos a que se mantenga.
Por lo anterior proponemos dos niveles de trabajo:
- El de administración y gestión, en Comisión Honoraria Administradora (CHA) que integramos por Ley.
- El político con los Parlamentarios y el Ejecutivo.
EN LA ADMINISTRACION Y GESTIÓN:
- En lo inmediato designación de su presidente, cargo que está vacante desde que asumió el actual Poder Ejecutivo el 1-3-2020.
- En el corto plazo propender a un mayor involucramiento de todos los miembros de la Comisión Honoraria Administradora -CHAFDS-, entre otras formas reviendo la norma interna que la regula.
- En la discusión presupuestal, avanzar en los aspectos generales propios del presupuesto. En nuestro caso como contribuyentes del Fondo y al Adicional, legislar para seguir avanzando en la mejora de la eficacia, eficiencia, justicia y transparencia de la administración.
EN LO POLÍTICO:
- Elevar el monto mínimo imponible a 16 BPC.
- Separación de los certificados de estar al día con el FDS y la CJPPU, por ser una importante traba burocrática, para que los profesionales puedan cobrar sus haberes.
- Revisar la composición de que entidades deben estar representadas en la Comisión Honoraria de Administración del FDS.
- Reglamentar los montos máximos legales de gastos de administración y claramente su modo de cálculo, definiendo un mínimo básico administrativo para lo inherente directamente al FDS y que porcentaje debería cobrarse por la administración del adicional del FDS, para lo cual se propone la siguiente composición:
5 % para el FDS.
1 % para el ADICIONAL del FDS. - Derogación gradual del Adicional dispuesto por la Ley 17.296 por haber cesado las condiciones excepcionales que le dieron origen, hasta su completa desaparición. Asegurando que estos recursos se aporten a la Udelar en igual de condiciones con fondos del Presupuesto Nacional.
- Eliminación gradual del Fondo de Solidaridad, siendo sustituido estos recursos con fondos del Presupuesto Nacional.
- Desarrollo efectivo de un Sistema Nacional de Becas para los estudios terciarios públicos.
Montevideo, 18 de setiembre de 2020