Ágora Digital

Ágora Digital es un espacio público para debates en red, promovido por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay para la exposición de posturas o argumentos de socios y referentes frente a diversos temas de interés para la profesión.

Para proponer un artículo, carta u otro punto de vista diríjase a agoradigital@sau.org.uy [SAU se reserva el derecho de publicación de la nota de acuerdo a criterios establecidos por sus autoridades].

FEBRERO DE 2012
Arq. Martín Marcos (Prof. FADU-UBA, Argentina)
Hacer ciudad es nuestro gran desafío.
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JULIO DE 2011
Arq. Julio Villar Marcos
La costa oceánica, una opción comprometida
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JUNIO DE 2011
Arq. Aldo D'Agosto
Patrimonio Cultural o Patrimonio económico de unos pocos
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JUNIO DE 2011
Arq. Rafael Viñoly
La construcción de la identidad nacional y la transformación del territorio
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JUNIO DE 2011
CURE
Nota al MVOTMA sobre Laguna Garzón
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MAYO DE 2011
Arq. Nery González
Fresnedo acusa… ¿A quiénes?
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MAYO DE 2011
Arq. Cristina Pastro
Carta al presidente de SAU
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MAYO DE 2011
Arq. Conrado Pintos
Otra vez. Una más
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MARZO DE 2011
Arq. Mariano Arana
Montevideo de nuevo crucificado
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FEBRERO DE 2012
Arq. Martín Marcos (Prof. FADU-UBA, Argentina)
Hacer ciudad es nuestro gran desafío

No conocemos su nombre pero hace pocos meses en algún lugar del mundo nació el habitante número siete mil millones. “Los próximos dos mil millones de personas que se agregarán a la población mundial vivirán en ciudades; en consecuencia, es necesario planificar para ellos desde ahora” advierte el informe “Estado de la Población Mundial 2011” de la ONU.

¿Dónde alojar a esos millones por venir? “El Triunfo de las Ciudades”, reciente libro del profesor de Harvard Edward Glaeser, reivindica que ellas -las grandes ciudades- son la única alternativa a esta temible combinación de crecimiento demográfico explosivo, calentamiento global, crisis energética y pobreza endémica: “Seria mucho mejor para el planeta que su población urbana viviese en ciudades densas levantadas alrededor del ascensor, en lugar de hacerlo en áreas diseminadas construidas en torno al automóvil”. Sus estudios demuestran que la ciudad extendida de baja densidad poblacional provoca mayor impacto ambiental y social negativo que las urbes compactas y densas. La casa individual exenta -mal que nos pese a los arquitectos- ha devenido en el tipo de vivienda que más energía, tierra y agua consume; siendo la contra-cara de un modelo territorial inviable y ecológicamente insustentable. ¿Podemos seguir enseñando, publicando y premiando estos paradigmáticos ejemplos de la “alta costura” arquitectónica sin hacer una reflexión critica de sus consecuencias?

Aquí el 92% de los argentinos vivimos en ciudades y sus periferias han crecido en los últimos años de tres formas: La privada mediante barrios cerrados y similares; la pública con conjuntos habitacionales de vivienda social, y la espontánea vía asentamientos irregulares y villas miseria. Así y por distintas razones, se ha agrandado la mancha urbana sin planificación y con muy baja densidad; ocupando gran cantidad de tierras fértiles o interviniendo imprudentemente frágiles eco-sistemas de regulación hidrológica como humedales y otras zonas inundables. Hoy los barrios cerrados usan 40 mil hectáreas contra las 20 mil de la ciudad de Buenos Aires; duplican su superficie para albergar menos gente que el barrio de Caballito. Un verdadero despilfarro del territorio más rico y productivo del planeta, justo cuando los alimentos son vitales.  Además su dependencia del automóvil conlleva altos consumos de combustibles fósiles y emisiones de CO2 que agravan el calentamiento global. Probablemente por ello Rosario ha sido la primera ciudad del país en debatir públicamente y prohibir nuevos barrios cerrados en su periferia. Privilegiar el valor social y estratégico del suelo por sobre la especulación y la fragmentación son  fundamentos de la flamante Ley. ¿Es sostenible continuar loteando al infinito la Pampa Húmeda y el Delta?

Desde el sector público, la vivienda de interés social también ha evitado la densidad y el tejido urbano compacto, probablemente para alejarse del fracaso de los barrios tipo “Fuerte Apache” en los años `70. En su reemplazo este Estado ha optado – casi siempre-  por conjuntos aislados de casas en las periferias. Sin una reflexión arquitectónica ni de los materiales y el ambiente que se proponen; con trazados de calles ensimismados que suplantan la eficaz “manzana criolla”, estas “soluciones habitacionales” han sido una nueva oportunidad perdida para convocar a pensar, diseñar y construir un mejor hábitat para muchos. Hoy es más importante hacer ciudad que hacer viviendas. Por eso lo sinérgico es abrir calles y urbanizar las villas, crear espacio público de calidad en zonas marginales, mejorar viviendas existentes, densificar y llevar agua potable y cloacas allí donde no existen, sanear el Riachuelo y las cuencas contaminadas del conurbano, fortalecer ciudades intermedias, e invertir seriamente en los trenes y el transporte público metropolitano.

Barrios cerrados, conjuntos habitacionales aislados y asentamientos irregulares de pobreza extrema son, por opción o por necesidad, modelos no sostenibles de anti-ciudad.

Hacer ciudad. ¿Cómo? Compacta e intensa, mezclando gente, usos, densidades y tipologías edilicias diferentes. Con espacio público de alta calidad; plazas, calles y parques de cuidado diseño y mantenimiento. Con actividades comerciales y productivas compatibles con una vida sana. Con nuevas viviendas colectivas, cómodas, eficientes energéticamente, hechas con materiales sustentables y techos verdes. Con equipamientos culturales, educativos y sanitarios para todos. Con transporte público extendido, sostenible y diversificado. Cuidando los barrios, el ambiente y nuestro patrimonio. Integrando y urbanizando las villas y las periferias informes. Posibilitando con políticas activas el acceso a una vivienda digna y urbana.  Una ciudad mejor, más solidaria, donde impere la ley y donde los distintos podamos convivir sin tener que recurrir a muros y seguridad privada. Donde cada uno encuentre su lugar y pueda construir su propio proyecto de felicidad. Esta podría ser la solución a nuestra actual encrucijada. ¿Estaremos en condiciones, como disciplina y colectivo profesional, de asumir el desafío?

Arq. Martín Marcos
Profesor titular Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Universidad de Bs. As.

JULIO DE 2011
Arq. Julio Villar Marcos
La costa oceánica, una opción comprometida

Los impulsos desarrollistas se multiplican y la inversión inmobiliaria se dirige también a la costa oceánica uruguaya. Es indudable que esta vulnerable interfase entre el dominio de las aguas continentales y la dinámica costera atlántica es un bien agotable y que es necesario preservar las calidades físicas y biológicas de su ámbito. La dificultad radica en la elección de qué tipo de modelo territorial se debe adoptar allí para el futuro, y surgen las discrepancias. La discusión abarca aspectos económicos, políticos, sociales y ambientales, con posiciones en algunos casos radicales, incluso por personas bien intencionadas, pero que no tienen los conocimientos necesarios para profundizar en complejos temas técnicos que pertenecen a disciplinas que les son ajenas.

En Rocha, desde el Chuy hasta La Paloma, el desarrollo de la costa ha sido mal regulado y peor gestionado. En algunas zonas se han multiplicado los fraccionamientos, con alta morosidad y escasa ocupación, generando elevados costos para el erario público, en tanto que en otras se aglomeran las edificaciones, muchas veces irregulares, con las consabidas consecuencias negativas para el ambiente e incluso para los propios vecinos y usuarios. Sin embargo, entre las lagunas de Rocha y Garzón no ha habido hasta ahora una ocupación importante, por lo cual esa zona permanece con sus valores naturales casi en su estado original. Se debe recordar que es un área afectada por un compromiso internacional de preservación adquirido por Uruguay, el 22 de setiembre de 1984 (convenio Ramsar), y que, además, está en estudio su inclusión en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por la riqueza de sus ambientes naturales. Si bien existe un Plan Parcial de Ordenamiento Territorial Lagunas Costeras -que la Intendencia de Rocha afirma que garantizará un desarrollo adecuado-, destacados técnicos independientes sostienen que no plantea una gestión beneficiosa para esa área y que promoverá una presión significativa sobre los vulnerables ambientes lagunares que deben ser protegidos. De llevarse a cabo la iniciativa de un inversor privado para financiar la construcción de un vínculo fijo sobre la laguna Garzón, la situación se agravaría, tal como sucedió en el departamento de Maldonado entre las lagunas Garzón y José Ignacio, donde la construcción del puente sobre esta última causó tal desarrollo en el pueblito de José Ignacio que el fraccionamiento original no pudo soportarlo y en temporada resulta casi imposible circular y estacionar. Además, la ruta 10 se ha convertido en una carretera de alta velocidad, que ha propiciado una onerosa urbanización lineal dispersa y la vida nativa en la laguna José Ignacio está ya casi extinguida.

Entonces, ¿cuál es el modelo que debería adoptar Rocha para la zona de Garzón? El que las autoridades desean es el que se ha aplicado en otras partes del mundo y que ha arruinado territorios, aún bajo condiciones de control mucho más rígidas y exigentes que en nuestro país. Los opositores a ese modelo opinan como el reconocido arquitecto Rafael Viñoly, que sostiene: «La tipología tradicional del desarrollo reciente de Punta del Este no debería ser el camino que Rocha debería tomar en el futuro. El mercado que puede hacer del Uruguay, uno de los pocos ‘países destino’ que quedan en el mundo, no es el que puede apreciar una imitación de la urbanización descontrolada de Miami por más obvia que parezca esa respuesta, o precisamente por ello. Los resultados de seguir esta estrategia están a la vista en muchos países del mundo.»

Este es un momento de decisión que ha de afectar el porvenir de un bien nacional y que debe ser trasmitido a las futuras generaciones en las mejores condiciones posibles. Por ingenuidad o imprudencia, una resolución equivocada puede hacer perder una de las pocas zonas que van quedando casi intactas en nuestra costa atlántica.

Arq. Julio Villar Marcos

JUNIO DE 2011
Arq. Aldo D'Agosto
Patrimonio Cultural o Patrimonio económico de unos pocos
Puente sobre la Laguna Garzón, Rocha

Tomando posición sobre los fraccionamientos proyectados sobre la costa en "Las Garzas" y la construcción del puente sobre la Laguna Garzón que integra el Parque Nacional Lacustre, en el Lagunar Costero, se concluye que la preservación de los valores patrimoniales se verán afectados de manera irreversible y se propone la no construcción del puente sobre la Laguna Garzón y el no fortalecimiento de la Ruta 10, en razón de que:

Arq. Adlo D'Agosto

JUNIO DE 2011
Arq. Rafael Viñoly
La construcción de la identidad nacional y la transformación del territorio

A continuación compartimos, con la debida autorización del autor, las palabras que dirigiera el reconocido Arq. Rafael Viñoly a las autoridades nacionales para compartir su punto de vista respecto a la posible construcción de un puente sobre la Laguna Garzón y la afectación de la zona, entre otros aspectos que aborda la nota.

La construcción de la identidad nacional y la transformación del territorio.

Para entender las razones por las cuales la extensión de la ruta 10 hacia el este de la costa uruguaya es un error de enormes consecuencias ecológicas, económicas y culturales no hace falta más que visitar los desarrollos costeros en otras partes del mundo (los originales y sus peores imitaciones más recientes) que han seguido una estrategia de planeamiento guiada por la mera especulación inmobiliaria, sin una visión del futuro global del territorio nacional.

Esa estrategia se basa en la convicción de que el acceso más directo a una región turística aumenta la plusvalía de la tierra y justifica la degradación del ambiente natural, aun cuando este sea el motivo que genera su valor inicial. Esa degradación, que usualmente se trata de "mitigar" con los efectos anestésicos del "Paisajismo Artificial", es irrecuperable y usurpa las características geográficas y culturales de esa región.

La evidencia innegable de que esta estrategia de planeamiento produce esos resultados económicos inmediatos, no impide que sus efectos a largo plazo resulten en la reducción de su futuro potencial económico como región. Lo que es aun más grave es que cuando esa transformación se hace sobre modelos que contradicen las características naturales y culturales de esa región esta estrategia representa la colonización de su identidad geográfica y cultural.

Es imposible exigir del sector privado, (controlado por intereses que por definición son parciales), que tenga o que ejercite la prosecución de esta visión global. Es, sin embargo, la responsabilidad fundamental del sector publico definirla y mantenerla.

La construcción del puente sobre la Laguna Garzón es uno de esos eventos de significación geográfica que trasciende lo inmediato así como la falsa controversia entre partidarios del "desarrollo" y sus presuntos "opositores".

El desarrollo es una condición inevitable de la historia, una consecuencia de las leyes científicas de la Evolución y representa un motor de actividad económica fundamental para la evolución de un país.

El dilema que nos permite encarar el desarrollo de las nuevas Ciencias Ambientales y los avances en la teoría del Planeamiento Sostenible es cómo facilitar el desarrollo sin poner en peligro la fragilidad de nuestro ambiente natural; cómo asegurar que cada operación parcial mantenga un equilibrio estable dentro de una imagen general y fundamentalmente flexible de un futuro predecible.

Una conclusión directa de estos avances científicos y tecnológicos es que el desarrollo de costas marítimas vírgenes debe hacerse a partir de vías de acceso planificadas en forma puntual y no lineal. Es decir que el acceso a este tipo de costa debe hacerse por caminos secundarios perpendiculares a la misma, en vez de a través de una ruta que la sigue longitudinalmente.

Ésta es una conclusión que prácticamente no tiene oposición en los planos técnicos de nivel internacional. Este criterio de planeamiento además de remover el impacto del tránsito vehicular sobre el límite costero tiene la ventaja de permitir la regulación futura de la densidad y el carácter urbanístico de las regiones lindantes, controlando la evolución del valor de la tierra como función de su especificidad ambiental, en vez de dejarlo en manos del mercado inmobiliario especulativo.

La operación desregulada de ese mercado (como el de tantas otras esferas de la actividad económica recientemente) ha producido un daño más que significativo a la integridad paisajística y ambiental de la costa uruguaya.

La construcción del puente sobre la Laguna Garzón es completamente contraria a estos principios de planeamiento sostenible. El desarrollo al que pareciera servir en forma exclusiva, también lo es.

Lo importante en este caso es que esta intervención no implica servir a un solo proyecto individual, (aunque esto sea tan incomprensible como inaceptable) sino que marca el futuro del desarrollo de toda la costa del Este hasta La Coronilla.

Si el argumento a favor de la construcción del puente se basa en los potenciales beneficios impositivos de un municipio, es importante recordar que la costa es un bien público de nivel nacional que cumple una función estratégica en el futuro económico del Uruguay.

Si el Uruguay elije definirse ambiental y culturalmente como una reproducción tardía de lo que hoy es Miami, o la Costa del Sol, o como una copia de la ocupación aluvional de la costa de la provincia de Buenos Aires, la construcción del puente es completamente coherente con esa visión.

Si en cambio el país elije convertirse en uno de los pocos "Países Destino" en un mundo en crisis y permanente convulsión, en un lugar donde la seguridad, el respeto a la legalidad, la preeminencia de la sociedad civil y la protección ambiental sean los pilares fundamentales de su personalidad y de su imagen internacional; la preservación de sus características ambientales debe ser un objetivo político fundamental.

El Uruguay está hoy en una etapa de desarrollo que no es similar ni comparable con la de la Argentina o el Brasil. Nunca lo estuvo y siempre mantuvo, a través de su historia, una independencia de pensamiento que lo ha convertido en un ejemplo de responsabilidad social y democracia, aun en los más graves períodos de represión política o de depresión económica de la región.

No hay ninguna razón alguna para cambiar ahora esa actitud, que no sea la de ser concientes de que si los intereses ajenos a nuestra idiosincrasia son tan fuertes como para intentar cambiarla, es porque nuestra reconocida discreción y el respeto que sentimos por nuestro entorno natural tienen más valor que el que aparentemente le damos.

Rafael Viñoly

JUNIO DE 2011
CURE
Nota al MVOTMA sobre Laguna Garzón

Región Este, 20 de junio de 2011.
Sra. Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Arq. Graciela Muslera

De nuestra consideración:

Con respecto a la iniciativa de construir el puente que une el sector de la Ruta 10 de Maldonado con el sector de la Ruta 10 de Barra de la Laguna Garzón, y habiendo analizado los documentos que están a disposición del público en general, manifestamos nuestra preocupación por la radical transformación territorial que la construcción de este proyecto supone.

Dicha transformación implica la paulatina incorporación de tierras urbanizables al mercado de suelo vinculado al turismo, cuyos modelos de uso y ocupación conllevan la modificación de uno de los últimos tramos de costa oceánica con baja antropización que subsiste en la región costera. Esto no debería realizarse en ausencia de un claro consenso y mucho menos ante la fuerte oposición de técnicos especialistas en la materia, de actores locales y pobladores.
En este sentido, se reconoce particularmente el proceso de Planificación Territorial Participativo de la Intendencia de Maldonado, en los que se plantean resultados del Taller de la Microrregión José Ignacio -Laguna Garzón, legislados por el Art. 54 del Decreto de la Junta Departamental de Maldonado, Nº 3867 del 27/4/2010. En referencia a la continuación de la Ruta 10 hacia el Este, en el mencionado taller se expresa el interés de la población local en una solución alternativa al puente como infraestructura rígida.

Consideramos que se requiere una reflexión madura sobre los mecanismos de planificación territorial de la zona, que aún no reflejan una visión de futuro consensuada, ni una propuesta de manejo del área que habilite un balance suficientemente objetivo entre lo que se gana y lo que se pierde con las afectaciones que este proyecto desencadena.

En este sentido se entiende que el fin último de las transformaciones impulsadas resulta aún controversial: esto es, convertir en mercancía de rápida rentabilidad una porción de territorio que admite multitud de opciones valorativas asociadas a su comprensión como capital social y ambiental. Estas alternativas, poco exploradas desde las instituciones que toman las decisiones, pueden asegurar un uso adecuado y sostenible en el tiempo sin destruir ni limitar las posibilidades de aprovechamiento.
Es en este entendido que el hacemos público este comunicado.

Firmantes al momento de recibir la circular:

Isabel Gadino. Arquitecta. Grupo de Estudios Territoriales
Natalia Barindelli. Lic. Trabajo Social. Grupo de Estudios Territoriales
Natalia Verrastro. Arquitecta. Apoyo Académico al Ciclo Inicial Optativo
Graciela Romero. Ing. Agrónoma. Licenciatura en Diseño de Paisaje
Alma Varela. Arquitecta. Licenciatura en Diseño de Paisaje
Camila Gianotti. Dra. en Arqueología. Grupo Biodiversidad, ambiente y sociedad
Néstor Mazzeo. Dr. en Ciencias. Departamento de Ecología y Evolución
Gissell Lacerot. Dra. en Ciencias. Grupo de Ecología Acuática
Franco Teixeira de Mello. Lic. en Ciencias Biológicas. MSc. En Ciencias Ambientales. Departamento de Ecología y Evolución
Mariana Meerhoff. Dra en Ciencias. Departamento de Ecologia y Evolución.

MAYO DE 2011
Arq. Nery González
Fresnedo acusa… ¿A quiénes?

En octubre de 2008, tomando como referencia la polémica suscitada por el anuncio de demolición de la casona entonces existente en la esquina de Benito Blanco y Jaime Zudáñez, el arquitecto Julio Villar Marcos intentó promover un debate sobre esas circunstancias y su proyección a futuro. Decía entonces:

“Es indudable que la preservación de los testimonios culturales del pasado es necesaria en cualquier sociedad humana evolucionada. Es evidente también que esa conservación de los testimonios edificados del pasado, dada la forma en que se desarrollan las ciudades, se torna a veces dificultosa, mayormente en países en los que los recursos económicos no son abundantes. Corresponde entonces reflexionar sobre las prácticas de conservación que se aplican actualmente para decidir si son adecuadas o si deben ser reformuladas para adaptarlas a las nuevas realidades”.

La convocatoria a la reflexión tuvo escasa respuesta (*), y la demolición anunciada no tardó en concretarse. Treinta meses después, la historia vuelve a repetirse, ahora con dramatismo acentuado. El pasado 19 de mayo el semanario Búsqueda incluyó una carta del arquitecto Conrado Pintos, motivada por la inminente demolición de dos casas gemelas que en 1946 construyera Román Fresnedo Siri -uno de nuestros mayores arquitectos- en la avenida Ing. Luis Ponce, a pocos metros de la calle Palmar. “Otra vez. Una más. Otra vez una operación destinada a enriquecer a un promotor empobrece al colectivo y una vez más una iniciativa prescindible supone la desaparición de un ejemplo de calidad”. Así empieza la nota, que concluye con constancia de su  “Indignación ante el incontenible avance de lo banal pisoteando torpemente la sabiduría que otros construyeron”. Y cosa curiosa, uno podía leer el conceptuoso texto -también publicado en EL País y en otros medios-, al tiempo que observaba el avance de los trabajos de demolición y el inicio de la construcción de la casilla de obra (**).

Algo está funcionando mal entre nosotros.

Imaginemos otro escenario. Imaginemos que la Academia, la Comisión de Patrimonio y otros involucrados en estas cuestiones, hacen bien su tarea y logran que un edificio al que se atribuye una significación particular, cuente con la protección legal correspondiente; esto es: formando parte del listado de bienes protegidos según la ley 14.040 (poco más de 600 a la fecha), o en su defecto, quedando incluido en una “lista indicativa” de bienes con potencialidad de protección. Supongamos también que la alta valoración del bien no queda limitada a un grupo de expertos o conocedores, sino que ese “patrimonio cultural” pueda ser asumido por capas más amplias de la población. Supongamos también que ha sido objeto de un relevamiento detallado, condición básica de toda catalogación.

Dando por bueno ese escenario simulado –muy distante del real, bien lo sabemos-, la situación sería igualmente problemática ante la opción de demolición y obra nueva, ya que la ley vigente habilita al propietario del bien declarado “monumento histórico” a solicitar, en cualquier momento, su expropiación (***). Y mientras siga vigente el artículo 32 de la Constitución de la República, esa expropiación dará lugar a una “justa compensación”, condición que también regirá aún en el marco más amplio de la ley Nº 18.308/08 de “Ordenamiento territorial y desarrollo sustentable”.

El Estado no ha tenido respuesta para atender esas situaciones, con la consecuencia curiosa de que la mayor parte de las construcciones privadas que hoy forman parte de nuestro acervo patrimonial, se integraron al dominio público antes de aprobada la ley 14.040. Y por igual motivo, en las últimas décadas la Comisión de Patrimonio ha estado de hecho impedida de formalizar una declaración de protección formal con relación a un bien de propiedad privada, vista la inexistencia, tanto de un respaldo económico que atienda un posible reclamo de expropiación, como de medidas compensatorias alternativas de incidencia efectiva.

La fragilidad de las políticas de protección patrimonial se vio además paradojalmente potenciada por el nuevo escenario resultante del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo. Ocurre que la decisión, en todo sentido positiva, de concentrar el crecimiento edilicio en torno a los grandes estructuradores urbanos, determinó el alza del valor de construcciones de uno o dos niveles situadas sobre las principales vías de circulación de la ciudad, dado que el nuevo contexto normativo alentaba una altura de edificación varias veces mayor. La respuesta adecuada a nivel de los organismos de protección patrimonial, hubiera consistido en realizar un relevamiento de los casos de posible afectación (situación notoria de las viviendas de Fresnedo, ahora tardíamente “puestas en valor”), cosa que por lo menos hubiera servido para alertar sobre las consecuencias de seguir manteniendo una actitud distante y pasiva sobre estas cuestiones. Pasó el tiempo y poco o nada se hizo.

Así las cosas, debería estar claro que, sumado a los múltiples factores que dan pie a las situaciones antes descriptas, una cuestión central tiene que ver con el contexto institucional y legal en el que se dirimen los desencuentros entre intereses públicos y privados, siendo de toda evidencia que ese marco de referencia hoy hace agua por todos lados. Se viene reclamando su reformulación desde hace más de una década, pero ahora -por suerte- hay señales que alientan la esperanza de poder contar con una ley de Patrimonio actualizada en  conceptos y procedimientos, y con gestión económicamente sustentable, que permita afrontar en mejores condiciones los problemas que hoy parecen no tener solución.

Es de esperar que el proceso ahora activado por la Comisión de Patrimonio, se profundice y acelere, porque además de las razones expuestas, el país ha contraído un compromiso fuerte al presentar este año -junto a otras cinco propuestas-, la candidatura de la arquitectura renovadora uruguaya como Patrimonio de la Humanidad. Muy mal se verá en UNESCO que al tiempo que se incluye en su "Lista Indicativa" un conjunto de obras merecedor de su consideración, las medidas de protección en el ámbito interno sean sencillamente impresentables.

Y ¡atención!, porque una obra mayor de Fresnedo, la vivienda Barreira-Risso en la esquina de Bulevar Artigas y Guaná, está a la venta. Si los nuevos propietarios se vieran tentados por el ejemplo de la avenida Ponce, ¿su condición de “bien de interés municipal” será protección suficiente, o tendremos otra vez en simultánea, cartas y demoliciones? Ya sería demasiado.

Arq. Nery González
Montevideo, 28 de mayo de 2011.

NOTAS

(*) Ver una de ellas en http://blogs.montevideo.com.uy/hnnoticiaj1.aspx?24757,

(**) La foto se tomó en la misma fecha de publicación del artículo en Búsqueda

(**) Art. 290 de la ley Nº 17.296.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 12 de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, por el siguiente: "Declárase de utilidad pública la expropiación de los bienes designados monumentos históricos. Sus propietarios podrán solicitar, en cualquier momento, la expropiación de los mismos al Poder Ejecutivo, el que podrá acceder a lo solicitado o, en caso contrario, y en un plazo de ciento ochenta días, dejar sin efecto dicha declaración. Vencido el plazo y no habiendo pronunciamiento del Poder Ejecutivo, se tendrá por decretada la expropiación de pleno derecho, siguiéndose los trámites de oficio".

MAYO DE 2011
Arq. Cristina Pastro
Carta al presidente de SAU

Estimado Duilio: mucho se ha hablado en estas semanas sobre el "salvataje" de las viviendas Martirena - Dighiero del Arq. Fresnedo Siri.

He seguido atentamente el desarrollo del debate en la prensa y en los medios.

Tuvimos noticias de la situación a través de la gestión del Arq. Brandes, cuando, en conocimiento del amenazador futuro de las viviendas solicito al Arq. Aguado su protección.

Demasiado tarde lamentablemente. Ya se había autorizado un permiso de construcción para el predio padrón N° 114394 (Exp. 4113-014955-10 Fase B1 iniciado el 22/10/10) y la demolición correspondiente de lo existente, (Exp. 3260-013801-10 iniciado el 18/11/10).

Ambas viviendas carecen de protección tanto del ámbito nacional como del departamental, ni siquiera están alcanzadas por la exigencia de un trámite especial para construcciones anteriores al 40 porque son del año 46.

La responsabilidad que me cabe, por tanto y en este caso, es proteger los derechos de propietario/a y técnico/a (posiblemente un arquitecto/a) y reclamar que en esta materia, como en tantas otras, se plantee un debate serio, oportuno, participativo y que permita dilucidar estas cuestiones pero sobre todo defender a la ciudad. Porque defender la ciudad es también defender el derecho de sus ciudadanos.

Creo que los caminos para defender y construir la ciudad no pasan solo por espacios estéticos. El respecto riguroso de los derechos nos habilita a ser más exigentes en el cumplimiento de las obligaciones, por tanto en el producto colectivo del territorio también la ética tiene su espacio.

No es la primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza, podemos recordar Br. Artigas y Rivera por entre otros. Por tanto el debate previo y oportuno es imprescindible. Y en este sentido todos tenemos una responsabilidad y deberíamos ejercerla. Tenemos que contribuir a un debate sano y fecundo, pero poder darlo antes de que "santa bárbara truene".

Por todo ello también les estoy pidiendo, como Directora de Planificación Territorial y como asociada, que la SAU designe a los delegados de las Comisiones Especiales, que llene esos espacios y contribuya así responsablemente por lo menos a defender lo protegido.

Fraternalmente,
Cristina Pastro

NB: La protección patrimonial "Bien de Interés Municipal" se aprueba por la Junta Departamental, tras una propuesta que puede ser presentada también por cualquier colectivo o ciudadano - vale decir SAU, UDELAR etc.- aunque lo habitual es que lo haga el/la Intendente/a. La aprobación significa un debate previo, de todos las bancadas pero además la JD suele convocar a otras instituciones para alentar un debate abierto y previo a tomar la desición que se solicita. A fin de "ganar" la designación de proteccón se hace necesario presentar la propuesta con una densidad y solidez de argumentos suficiente para que se ganen las opiniones. Esto es lo que justifica la insistencia en mi nota sobre un debate previo y oportuno (consideremos los tiempos que esto significa). Tal vez porque esto es para mi un tema diario lo omiti en la nota pero me parece no menor como "insumo" de la SAU y de todos lo que están preocupados por estos temas, para mejor manejar los tiempos y las exigencias que el marco legal nos impone.
Te agradezco que hagas llegar esta nota tambien a Duilio.
Un abrazo.

MAYO DE 2011
Arq. Conrado Pintos
Otra vez. Una más

Otra vez una operación destinada a enriquecer a un promotor empobrece al colectivo y una vez más una iniciativa prescindible supone la desaparición de un ejemplo de calidad.

Otra vez se mutila el legado de Román Fresnedo Siri, uno de nuestros más brillantes arquitectos y —tal vez resulte eficaz apuntarlo en estos tiempos de militante cholulismo cultural— el primero en ganar un concurso internacional (para el caso la Organización Panamericana de la Salud en Washington).

Otra vez una lección de arquitectura se transforma en escombros. En pocos días, un vacío vallado suplantará a las estupendas casas siamesas que Fresnedo diseñara en 1946 para las familias Martirena-Dighiero en la Avenida Ponce.

Tal vez, aunque la estadística no alimente el optimismo, allí se construya un edificio de gran calidad arquitectónica. Más difícil será probar que tenía que ser allí, que había que suprimir lo que se suprime para alumbrar algo que pudo nacer en otro lado.

Una menos: poco a poco la obra de Román Fresnedo se mutila, se deforma, se desnaturaliza.
Molesta reconocerlo, pero la propia Facultad de Arquitectura inauguró la serie con una ampliación del ala sobre Bulevar España realizada de forma tan textual e inocente que redunda en una curiosa fachada tartamuda con dos remates.

Más grave, mucho más grave, lo del Sanatorio Americano. También aquí la prosperidad empresarial acarreó —de manera obviamente evitable— un daño difícil de calibrar: una serie de operaciones desaprensivas ha hecho desaparecer el protagonismo del jardín interior, verdadero corazón del proyecto (como lo es el patio en la Facultad de Arquitectura). Que se entienda: no se suprimió unos metros cuadrados de vegetación, lo que se amputó fue la posibilidad de contemplar un espacio bellísimo y calmo en medio del sufrimiento. Ahora pacientes, acompañantes y trabajadores estarán un poco peor. Alguien debió recordar que la diferencia entre una situación y otra es la razón de ser de la arquitectura.

En pocos días seremos más pobres. Tendremos un poco menos de pasado y seguiremos sin desear futuro.

Porque no se trata sólo de la ignorancia, la indiferencia, el crudo cálculo económico o el miope cálculo político que impide ver o aconseja callar: se trata del desamparo cultural en que se halla nuestra arquitectura.

No sólo toleramos la destrucción, no sólo renunciamos a reparar, a recuperar lo que la garra torpe desnaturalizó (¿cómo hacerse el distraído ante ese engendro en que se transformó la Solana del Mar?), sino que nada hacemos por promover la buena arquitectura.

Las artes visuales, la literatura, la música, el cine, el teatro entre otras manifestaciones creativas son objeto de crítica, de reflexión, de premios y castigos y sobre todo de estímulos.
Nada de esto sucede con nuestra arquitectura. Mutilamos el pasado y, descuidando el presente, degradamos el futuro.

El patrimonio cultural de una sociedad no es una serie de reliquias que, alegremente embanderadas, veneramos el último domingo de setiembre. Es la acumulación de todo aquello que una cultura produce de manera firme, paciente y sostenida.

Es el coraje de innovar y la decisión de conservar.

Es también la indignación ante el incontenible avance de lo banal pisoteando torpemente la sabiduría que otros construyeron.

Arq. Conrado Pintos (1)

(1) El arquitecto Pintos es Profesor Titular de Proyecto en la Facultad de Arquitectura (UdelaR) y miembro de DOCOMOMO-Uruguay, organismo abocado a la documentación, difusión y preservación del patrimonio arquitectónico moderno.

Mayo 2011.

MARZO DE 2011
Arq. Mariano Arana
Montevideo de nuevo crucificado

SOBRE UNA TRANSFORMACIÓN URBANA HARTO POLÉMICA
Montevideo de nuevo crucificado*

Es inadmisible el cercenamiento de espacios libres, de forestación y de jardinería para uso y goce de la población presente y futura. Eso está sucediendo en una de las zonas más importantes de la capital. Soy consciente que las reflexiones que siguen -de carácter absolutamente personal- pueden resultar controvertibles y muy posiblemente controvertidas.

Pero sea: acepto la divergencia y, por supuesto, la diversidad de opiniones; no rehúyo por consiguiente la polémica.

En esta instancia, elijo uno que viene siendo objeto de discusión entre los montevideanos y de notoria visibilidad en el contexto urbano. Me refiero a las fuertes transformaciones que se están llevando a cabo en la zona de “3 Cruces”.

Lastimosa coyuntura, puesto que una vez superada la dictadura, fueron importantes los esfuerzos de la Comuna por redignificar y mejorar el entorno, incluyendo la denominada “Plaza de la Bandera” y la extensión urbana entre las calles Ferrer Serra y E. V. Haedo, equipándola con pérgolas, luminarias, jardinería y mobiliario urbano.

Vale la pena recordar que el área aludida había sido particularmente castigada en décadas pasadas, entre otros desmanes, con el grotesco desborde de la cartelería comercial; con la más que discutible permanencia de la antena metálica de un canal televisivo privado en plena avenida 18 de Julio; con la instalación de la "Cruz del Papa" en el eje de bulevar Artigas; con el posterior traslado del propio Papa (me refiero a la valiosa escultura de Juan Pablo II) al frente de dicha cruz, acosado como está por un enjambre de semáforos y en actitud casi irreverente, en tanto el gesto de bendición a la grey cristiana parece transfigurarse en inusual postura de ordenamiento del flujo circulatorio.

Pero dejo la ironía de lado para centrarme en la (im)pertinencia de las obras referidas. Es natural que los vecinos se pregunten si dichas obras constituyen un beneficio perdurable para la ciudad; y se pregunten además sobre cuál es el objetivo de las mismas.

Vayamos por partes: las nuevas construcciones responden al interés de los empresarios en duplicar la capacidad comercial del complejo de "3 Cruces".

Con tal propósito, las nuevas edificaciones habrán de avanzar hacia bulevar Artigas, ocupando el espacio libre utilizado hasta ahora como estacionamiento a cielo abierto. Desde luego, esto originará mayor afluencia vehicular en un entorno ya de por sí impactado por el crecimiento automotor. Por lo mismo, se han ensanchado calles, talado árboles y disminuido áreas verdes en el área circundante.

No me cabe duda que la operativa económico-financiera está pensada con el fin de obtener lucrativos resultados para los empresarios involucrados, ya que la terminal de transporte interdepartamental allí afincada asegura un público cautivo, al parecer creciente.

Pero, ¿quién paga las externalidades de tal operación? No aludo tan sólo a los costos en metálico de las obras de infraestructura urbana (de los que, descarto, deberá hacerse cargo el consorcio empresarial); me refiero a los costos duraderos e irreversibles para la ciudad en su conjunto, que la izquierda de ninguna manera puede soslayar: el cercenamiento de espacios libres, de forestación y de jardinería para uso y goce de la población presente y futura.

En su momento cuestioné, por absolutamente inapropiada, la insensata localización de la terminal, dispuesta durante "el proceso cívico militar"; actitud asumida no sólo por convencimiento personal, sino por haber aprendido con los análisis efectuados por Carlos Gómez Gavazzo, docente y director del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, que proponía su localización en el predio donde luego se edificó el "Edificio Libertad".

¿Qué duda cabe que las obras en curso habrán de profundizar y acentuar aun más el error estratégico inicial? Al respecto, tengo la tranquilidad de haberle manifestado mis reparos a técnicos municipales y al propio jefe comunal de la anterior administración que decidió la aceptación del proyecto. Lo hice, por cierto también, con el titular del estudio proyectista asociado a la propuesta empresarial; estudio que respeto por su indiscutida competencia profesional.

Pero va de suyo que una transformación tan perturbadora de un importante sector de la capital, en modo alguno puede revertirse con el manejo puntual del edificio proyectado. No puedo negar que me resultó reveladora la expresión manejada desde el ámbito empresarial, acerca de que no había "otra alternativa" que la que se adoptó -y que lamentablemente se aprobó- por parte de la Intendencia.

Pero no podemos dejarnos embaucar con falaces dicotomías. Cuando se habla de "alternativas", debe explicitarse con total nitidez cuál es el punto de mira, cuáles son los parámetros manejados y cuáles las metas deseadas.
Son muy distintas, en efecto, las alternativas a manejar, según se priorice el negocio lucrativo privado o el bien común.

Otro aspecto neurálgico a señalar es la opinión ciudadana. Si para la instalación de un semáforo o fijar prioridades para llevar a cabo obras menores a nivel barrial se consulta a la gente, ¿cómo entender que la Presidenta de la Junta Local y el propio Concejo Vecinal desconocieran la propuesta; y que tampoco –tal como me informé– tuviera acceso a ella ni se le solicitara opinión al arquitecto del Centro Comunal 2, con competencia precisamente en la zona?.

Admito la dureza del planteo; pero si defendimos enfáticamente a la ciudad y a su gente en plena dictadura, respaldados por la muchachada del Grupo de Estudios Urbanos, ¿cómo no habremos de hacerlo ahora, reconquistada ya la democracia y habiendo obtenido, las fuerzas progresistas, el gobierno tanto a escala departamental como nacional?

Quede claro que no pretendo erigirme en custodio ni mucho menos en monopolizador de las "sagradas escrituras" y de la "verdad revelada".

Baste recordar que en más de una oportunidad he defendido e impulsado la asociación público-privada como conveniente y ocasionalmente aun necesaria, en la medida –y sólo en la medida– que a través de ella se garantice un inequívoco beneficio para la comunidad.

Pecaría de imperdonable mezquindad si culminara esta nota sin mencionar la exitosa concreción de una transformación muy próxima al área considerada: transformación percibida por la gente como una gratificación colectiva y llevada a cabo por la misma administración municipal cuya desgraciada decisión en "3 Cruces", tanto lamentamos. Me refiero a la plaza Liber Seregni.

Felizmente, no todas son cruces en la zona.
Arq. Mariano Arana
Marzo de 2011

* extracto editado autorizado del artículo publicado por el Arq. Arana en la revista digital VADENUEVO | www.vadenuevo.com.uy

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